INMIGRANTES UNIDOS - Reforma Ley de Extranjería (Sanidad Pública) 2012
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INMIGRANTES UNIDOS

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    Reforma Ley de Extranjería (Sanidad Pública) 2012



    Sanidad retira la cobertura gratuita a los extranjeros no registrados como residentes en España.

    La decisión del Gobierno de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular para muchas ONG rompe el principio de sanidad universal y gratuita para todos en España.

    A partir del 1 de septiembre, unos 500.000 'sin papeles' se verán privados de cobertura básica. Los inmigrantes sin papeles podrán acudir sólo a los Servicios de Urgencias si quieren ser atendidos por la sanidad pública española.

    El real decreto que contiene las medidas que garantizarán la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), publicado ayer en el BOE, excluye a los "extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España” de la cobertura gratuita. Los inmigrantes sin papeles serán atendidos exclusivamente, además de en las Urgencias, durante el embarazo, el parto y el posparto. Los menores de edad serán los únicos que recibirán los mismos cuidados que los españoles.

    Este colectivo, formado por alrededor de 500.000 personas, según el INE, tendrá hasta el 31 de agosto para acreditar que están dados de alta en la Seguridad Social.

    Hasta ahora, los inmigrantes tenían derecho a una tarjeta sanitaria con sólo estar empadronados en un municipio. El Gobierno considera un "fraude” que "personas que no pagan sus impuestos puedan disfrutar del sistema que todos los demás estamos pagando”, tal y como declaró ayer el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso. Excluyendo a los indocumentados del SNS, Sanidad espera ahorrar alrededor de 500 millones de euros.


    Sin embargo, los médicos que trabajan en los Servicios de Urgencias se preparan "para lo peor”. "El único reducto que les quedará a este tipo de inmigrantes serán las Urgencias y acudirán a ellas por cualquier dolencia. Exagerarán sus síntomas para que parezcan más graves, lo que provocará resistencia y situaciones conflictivas”, apunta el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), Tomás Toranzo.


    El real decreto detalla que los extranjeros sólo podrán acudir a las Urgencias "por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa”, y sólo hasta la situación de alta médica.

    Los profesionales que trabajan en esta área no lo ven tan claro en la práctica, y temen "conflictos” con los profesionales y el resto de pacientes.

    "Todas las patologías, si no se tratan, son graves. Se saturarán las Urgencias en un momento en el que estamos sufriendo recortes también de personal”, apunta Toranzo.

    Los niños y las embarazadas podrán recibir asistencia aunque estén 'sin papeles'. La modificación de la Ley de Extranjería no afectará a estos colectivos.

    El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad recuerda que la anunciada modificación de la Ley de Extranjería que dejará sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular no se aplicará a niños y mujeres embarazadas, cuya asistencia seguirá estando garantizada.

    El artículo 12 de la citada norma establece que todos los inmigrantes empadronados en el municipio donde tengan su residencia habitual tienen derecho a la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones que los españoles", precepto que el Ejecutivo prevé modificar a fin de que el Padrón "no baste" para obtener la tarjeta sanitaria.

    El mismo precepto establece que tienen derecho a la asistencia sanitaria todos los inmigrantes menores de 18 años así como las mujeres embarazadas, que, aunque carezcan de permiso de residencia en España, podrán recibir atención en la gestación, el parto y el postparto como si fueran españolas.

    Según fuentes del Ministerio de Sanidad, el Real Decreto que el Boletín Oficial del Estado publicará este martes, respetará estos dos preceptos de la Ley de Extranjería, que van en línea con la normativa internacional sobre la protección de los menores.

    Mientras, el resto de extranjeros sin residencia legal en España sólo podrán recibir atención sanitaria de urgencias, conforme recogerá el citado Decreto.


    Sanidad pone coto al medio millón de inmigrantes que defraudan al sistema



    El Gobierno modificará la Ley de Extranjería para controlar el posible abuso de los casi 500.000 inmigrantes que cada año se benefician de una Sanidad Pública española sin coste alguno para sus países de origen.

    La ministra Ana Mato anunció ayer tras el Consejo de Ministros que el empadronamiento ya no servirá para que los inmigrantes accedan directamente a la tarjeta sanitaria.

    "A partir de ahora, a la hora de empadronarse se le pedirán una serie de requisitos”, apostilló.

    Según el informe del Tribunal de Cuentas en el que la responsable de Sanidad basó sus palabras, solo rumanos, ecuatorianos y marroquíes 'se comen' siete de cada diez euros que Sanidad invierte en inmigrantes sin recursos: 315 millones de euros para cubrir la asistencia médica de unas 300.000 personas.




    El erario público destina 451 millones de euros cada año para cubrir la asistencia médica a los extranjeros que alegan no tener recursos económicos suficientes.

    Según la exhaustiva investigación, a 15 de junio de 2010 en España residían 453.349 personas "sin recursos económicos suficientes” a las que se les reconoció el derecho a la asistencia sanitaria.

    Para todas aquellas personas que se cobijaran bajo este paraguas, España se comprometía a no recibir ningún recurso financiero de sus países de origen por la atención médica. El ministerio hizo la ley, y los inmigrantes hicieron la trampa.


    El análisis del Tribunal de Cuentas detectó que muchos de estos inmigrantes incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país y que venían "exclusivamente a España a recibir atención sanitaria”.

    Uno de los problemas que plantea el acceso a las prestaciones sanitarias a través de la figura jurídica de "persona sin recursos económicos suficientes”, siempre a juicio del informe, es el riesgo de utilización de la misma por parte de personas que sí cuentan con dichos recursos económicos, bien que están "o deberían estar” aseguradas por la Seguridad Social de otros países y utilizan indebidamente esta figura para acceder a prestaciones sanitarias gratuitas en España.


    El Tribunal de Cuentas recuerda que los países de origen no están interesados en cambiar la situación de "personas sin recursos económicos suficientes” residentes en España, ya que no les supone ningún coste financiero.

    Sin embargo, detecta un "perjuicio económico cierto y evaluable para los intereses públicos”, así como una falta de eficiencia y eficacia por parte del Sistema Nacional de salud y, en su caso, de las comunidades autónomas.


    El órgano regulador detalla alguna de las irregularidades concretas que ha detectado, como el caso de 284 inmigrantes que han sido atendidos en España en virtud de una tarjeta sanitaria europea emitida por otros países y que, a su vez, tenían derecho a la asistencia sanitaria en nuestro país por carecer de recursos económicos suficientes.

    El coste de la asistencia sanitaria prestada, según las estimaciones del Tribunal y aplicando el menor de los dos importes de cuotas globales aprobados para España, ascendió a 282.829 euros anuales.



    "Evidente riesgo de uso fraudulento"



    Por comunidades autónomas, Madrid, gobernada por Esperanza Aguirre, soporta la mitad del coste de la Sanidad de los extranjeros sin recursos en España, seguido de Castilla-La Mancha (10,5%) y Murcia, con el 8,62% de los casos.

    A pesar de que estas personas deberían presentar un Certificado Provisional Sustitutorio (CPS) para recibir las prestaciones sanitarias necesarias durante su estancia temporal "por motivos de trabajo, estudios, turismo”, nunca por más de noventa días, el Tribunal ha desvelado un "evidente riesgo de uso fraudulento” de la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), por las que pueden recibir asistencia sanitaria en nuestro país hasta los dos años.


    Para zanjar esta sangría voluntaria por parte de los inmigrantes, el Tribunal insta a las administraciones pertinentes a establecer un procedimiento de coordinación que permita evitar la incidencia descrita, "especialmente en la Comunidad de Madrid”, que presenta un mayor porcentaje de personas en esta situación.


    Más de 127.000 pensionistas extranjeros van al médico a costa del sistema


    En España hay empadronados más de 230.000 pensionistas extranjeros.

    El Gobierno envió a sus respectivos países de origen 103.000 facturas por utilizar el Sistema Nacional de Salud (SNS) español.

    Dicho de otro modo: más de 127.000 acudieron al médico gratuitamente y los servicios médicos que recibieron lo costea el erario público español.

    Esta es una modalidad más de los turistas "de bisturí" a los que la ministra de Sanidad, Ana Mato, quiere dejar fuera del SNS.

    Las regiones costeras, altamente promocionadas por el turismo de sol y playa, son sus preferidas: Andalucía, Valencia y Baleares 'acogen' a casi la mitad de los enfermos extranjeros que reclaman atención sanitaria en España.


    Ingleses y alemanes son los que más se han aprovechado de los beneficios de la Sanidad pública española "universal y gratuita” para todos.

    Según un informe diseñado por el Tribunal de Cuentas en el que detectó un "abuso” de los turistas extranjeros en el SNS, la asistencia que España sirve a asegurados a cargo de Reino Unido, Alemania y Francia representa el 70% del importe total: casi 200.000 facturas de las 292.419 que España envió por atender a turistas de treinta países distintos.


    Mato definió la semana pasada lo que sucedía con el turismo sanitario que quiere eliminar: "Hay personas que vienen a España, se empadronan para obtener una tarjeta sanitaria, la convierten en tarjeta europea, se vuelven a su país de origen y la factura de su país de origen la pagamos nosotros”.

    Son incontables los casos de ciudadanos europeos que solicitan la residencia en España para luego volver a su país de origen y someterse a costosas operaciones que acabará sufragando la sanidad pública española o, por el contrario, directamente se someten en España a intervenciones gratuitas que no cubre el país de origen.


    El órgano regulador ha detectado irregularidades en la forma en que Reino Unido, el país que llegó a publicar en la página web de su embajada los pasos que debían seguir para beneficiarse de la Sanidad pública española, basaba las estimaciones en el número de turistas atendidos en lugar de facturar por el coste real de los servicios sanitarios.

    La diferencia, corregida en 2009, supuso una pérdida estimada para España en, al menos, 20 millones de euros cada año.


    En Málaga, el Colegio Oficial de Enfermería denunció el "chocante” número de turistas alemanes y holandeses que reciben implantes de cadera y marcapasos de forma gratuita.

    Sin embargo, el Servicio Andaluz de Salud no desvela el coste total de los turistas en Andalucía, un dato que el Sindicato de Médicos de Málaga no se cansa de solicitar.

    "Somos conscientes y hemos denunciado al Gobierno regional el abultado número de turistas que atendemos de dolencias que en sus países de origen cuestan hasta miles de euros, pero siguen ocultando los datos reales y sin darnos ningún tipo de solución, así que no tenemos más remedio que seguir atendiéndolos sin que suponga ningún coste para sus países de origen”, aseguran fuentes del sindicato andaluz.



    Valencia atiende a más de 800.000 extranjeros al año


    Solo en la Comunidad Valenciana se atiende cada año a más de 800.000 extranjeros, la mayoría europeos, con un coste de 15 millones de euros para las arcas autonómicas.

    El sindicato médico CESM denuncia que son las intervenciones de cataratas y de prótesis las más demandadas, aunque también se practica un elevado número de operaciones coronarias y extirpación de tumores. 


    El Tribunal de Cuentas, que desveló al Ministerio de Sanidad la práctica desproporcionada de la atención sanitaria de turistas en España, también denunció que el proceso se da a la inversa: españoles que acuden a Alemania, Francia y Bélgica y que se aprovechan de tratamientos odontológicos que allí son gratuitos. España, según los datos del órgano regulador, tuvo que hacer frente en 2009 a más de tres mil facturas por unos servicios que aquí no son gratis.



    Se acabó el 'turismo sanitario' para 700.000 extranjeros y con 1.000 millones de coste


    Se acabó el dar la bienvenida a legiones de pensionistas europeos ansiosos de sol, mar… y camas hospitalarias.

    La generosidad de la sanidad pública española de cubrir gratuitamente algunas operaciones que en otros países como Inglaterra podrían ascender a 8.000 euros han convertido a nuestro país en un paraíso quirúrgico inigualable.

    La ministra de Sanidad, Ana Mato, confirmó ayer que el Sistema Nacional de Salud está asumiendo, con cargo a sus presupuestos, la asistencia sanitaria de personas que ya la tienen cubierta dentro de su país.

    En concreto, casi 700.000 extranjeros han accedido sin derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros.


    Para evitarlo se llevará a cabo una clarificación armonizada de la condición de asegurado, así España podrá facturar de una manera rápida y directa al país de origen, como ya sucede con los españoles que viajan al extranjero.

    "Queremos evitar que haya ciudadanos extranjeros con solvencia económica que puedan, mediante lagunas administrativas o recurriendo a la picaresca, beneficiarse para acceder sin derecho y gratis a los servicios sanitarios de España”, señaló la responsable de Sanidad.


    Mato avaló sus palabras con un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, en el que dejaba claro la diferencia millonaria entre lo que España factura por la atención sanitaria a extranjeros y lo que paga por la que los españoles reciben fuera.

    En 2009, España facturó 441,1 millones de euros a 26 países de la UE más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza por la asistencia médica prestada a ciudadanos de estos países, mientras que el gasto que supuso la asistencia de españoles en el extranjero sumó 46,2 millones. Una diferencia que, según señala el Tribunal, solo obedece a que "España es un país eminentemente receptor de turistas y residentes extranjeros”.


    En el negocio del turismo sanitario pacientes hay a patadas, y el Tribunal de Cuentas señala que el número de facturas emitidas a ciudadanos de Francia y Portugal "supera significativamente el promedio" del resto de los países de la Unión Europea y que las prestaciones sanitarias prestadas se concentran en las provincias limítrofes de Badajoz y Pontevedra.

    Entren por donde entren, hay cientos de páginas en Internet para los pacientes internacionales que incluyen billetes de avión, alojamiento y un variado bufete de operaciones a la carta.

    España ha sido pura jauja: prótesis de cadera, by pass coronario, intervenciones de cataratas... a precio de coste y con una recuperación en la costa, con sol y playa incluidos en el paquete.

    José Antonio Monago, presidente de Extremadura, asegura que existe una página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña "que explica cómo acudir a España para tener una asistencia sanitaria en determinadas materias, incluso que no son objeto de ser cubiertas por el sistema sanitario británico".


    Desde que en Gran Bretaña las listas de espera se alargan hasta los tres años, son los ingleses los que más se están aficionando a convertir las vacaciones quirúrgicas en un turismo de masas, seguidos de alemanes o belgas.

    Hay páginas donde se les llegan a comparar cuánto dinero se ahorrarían si se operan en España.

    Todos sacan provecho de la reglamentación europea que permite a los ciudadanos miembros del bloque recibir tratamiento médico en cualquier país de la UE.

    Por eso los gestores del turismo español incluyen ya en las páginas web de municipios playeros, junto a la lista de bellezas locales, hospitales y centros de salud.

    Hasta el momento el éxito es total, aunque nadie se atreve a dar cifras concretas de la población europea que se afinca en España para disfrutar de estas maravillas. 


    La Costa del Sol se corona como la meca del turismo sanitario español.

    En Fuente de Piedra (Málaga), hay una urbanización especializada en alquilar chalés por una duración de cinco o seis meses, el tiempo en el que los turistas sanitarios estiman que necesitan para llegar, afincarse, operarse, recuperarse y regresar a su país de origen sin pagar ni un solo euro por la operación.

    Desde el Consejo General de Enfermería de Málaga se han percatado de que llama enormemente la atención de que turistas, procedentes de Alemania y Holanda, reciben una cantidad "chocante” de implantes de cadera y marcapasos de forma gratuita, unas intervenciones que suponen un "gasto considerable" y que son afrontados por el Servicio Andaluz de Salud, que evita cuantificar a cuánto asciende el coste total de estos servicios.



    Complejos mecanismos de compensación


    Hasta ahora, la legislación europea supeditaba las intervenciones quirúrgicas de los extranjeros en España bajo dos condiciones: que respondan a una patología diagnosticada previamente y que cuente con una autorización de su país de origen.

    Pero hay quien ha utilizado artimañas para esquivar las normas: aprovechan una crisis aguda de una patología que padecen desde hace tiempo para ir a urgencias y ser operados, si es necesario.


    Los complejos mecanismos de compensación entre países propician los desajustes que destaca el informe del Tribunal de Cuentas.

    El problema llega cuando los costes no están actualizados o se pasa una factura por una determinada patología que no cubre su programa asistencial.

    Por ejemplo, Andalucía facturó en 2010 casi 24.000 millones de euros y recibió por este concepto procedente del Fondo de Cohesión Sanitaria poco más de 13 millones; el Servicio Valenciano de Salud debería haber percibido 7,5 millones de euros en concepto de atención sanitaria a turistas pero solo recaudó 4,8; Baleares facturó 9,7 millones, 3,5m menos de lo que debería haber cobrado.  


    Aunque aparentemente todo esté bajo control, hay dos factores que pesan negativamente sobre los intereses nacionales.

    Bruselas es quien paga a los países de la Unión los gastos médicos facturados, y curiosamente siempre lo hace a la baja. Por otro lado, las autonomías que más gastan no siempre reciben más.

    Además, es muy raro que Europa pague un euro por la atención primaria, que en España es gratuita mientras que en el resto de Europa no lo es.

    Por no hablar de un sinfín de detalles difíciles de contabilizar en euros, como los gastos de traslado de ambulancia, UCIs o habitaciones de hospital tras la intervención quirúrgica.